¿Has heredado una propiedad o simplemente te han cedido el uso de una casa, pero no resides en ella? Podrías encontrarte en una situación inesperada: una deuda de electricidad a tu nombre por un consumo que no es tuyo. Esto puede ocurrir incluso si crees que tienes total libertad para decidir sobre tu propiedad, como cortar la calefacción o pedir a los ocupantes que se vayan. La realidad es que las cosas no son tan sencillas.
Una residente de Vilnius, Akvilė, compartió su desconcertante experiencia. Su padre es propietario de una casa donde una familia ha estado viviendo durante años sin contrato ni pago de alquiler. Pensaban que, al no ocupar la casa, estaba bien que residieran allí gratuitamente. Sin embargo, recientemente, el padre de Akvilė recibió una notificación de un alguacil sobre una deuda de 740 euros por electricidad, acumulada por la familia que vive en su propiedad.
La pregunta que surge es inmediata: ¿es posible traspasar esa deuda a los ocupantes y cortarles el suministro para evitar que siga creciendo y forzarlos a mudarse?
¿Se puede transferir una deuda de electricidad a terceros?
Como propietario de un inmueble, la ley te exige mantener y cuidar tu propiedad. Esto incluye el pago de servicios como el agua, el gas, la electricidad, así como la gestión de residuos y la administración del edificio.
No importa si la familia que reside en la casa tiene o no su domicilio registrado allí. Aunque esto no les exime de su responsabilidad de mantener la vivienda, sí podría ser un argumento para que el propietario reclame los gastos incurridos en el mantenimiento del inmueble.
Según los expertos legales, si hay personas utilizando tu propiedad, ya sea con o sin contrato de alquiler, la obligación de pagar las facturas recae sobre el propietario. Tu derecho es reclamar dichas cantidades a los inquilinos, basándote en los acuerdos que hayáis establecido.
Estas negociaciones sobre el alquiler de una propiedad pueden ser verbales, como un simple permiso para vivir allí, o formalizarse mediante un contrato escrito.
Estableciendo el acuerdo (o la falta de él)
Lo primero es determinar si existió algún acuerdo para ceder el uso de la propiedad y bajo qué condiciones. Si se confirma que no hubo acuerdo y las personas utilizan la propiedad sin permiso, el propietario tiene el derecho de solicitar su desalojo y reclamar las deudas generadas por el mantenimiento del inmueble.
La perspectiva del proveedor de electricidad
Un abogado explicó que el propietario y el proveedor de electricidad firman un contrato bajo el cual el propietario se compromete a pagar el suministro. Por lo tanto, en caso de impago, el responsable directo ante la compañía eléctrica es el propietario.
Sin embargo, existe una figura legal llamada «instituto de transferencia de deuda». Esto permitiría al propietario, con la aprobación del proveedor de electricidad, cambiar al deudor (él mismo) por otra persona (los ocupantes de la casa).
Cortar la luz o desalojar podría traer consecuencias legales
Los expertos desaconsejan rotundamente cortar el suministro eléctrico a los ocupantes que no pagan. Acciones de este tipo pueden acarrear responsabilidad administrativa para el propietario.
Además, los residentes podrían acudir a los tribunales para forzar la renovación del suministro eléctrico, lo que implicaría gastos adicionales para el propietario.
Desalojo forzoso: un camino peligroso
Igualmente, no se puede proceder a un desalojo forzoso. Incluso si las personas residen en la casa sin contrato y sin pagar servicios, el propietario no puede expulsarlas por su cuenta (por ejemplo, sacándolas a la fuerza, cambiando las cerraduras, etc.).
Realizar un desalojo por tu cuenta podría ser considerado **usurpación de propiedad**, un delito que puede acarrear multas, trabajos comunitarios, limitación de libertad, arresto o incluso penas de prisión de hasta 5 años. Además, podrías enfrentarte a responsabilidad civil si los ocupantes demuestran daños sufridos.
El camino legal: la única vía segura
En situaciones como esta, el primer paso recomendable es notificar por escrito a los ocupantes, estableciendo un plazo para que paguen las deudas de servicios o abandonen la propiedad.
Si no hay respuesta, la única opción válida es **acudir a los tribunales**. A través de un proceso judicial, se puede solicitar el desalojo y la reclamación de las deudas.
Recuperar la deuda: un proceso largo y no siempre exitoso
Aunque la estrategia legal es la correcta, la recuperación de las deudas puede ser un desafío. En muchos casos, un litigio puede resolverse presentando la documentación adecuada sobre el desalojo y la reclamación de daños ante el tribunal. Cuando los inquilinos reciben la notificación judicial, suelen tomar la situación más en serio.
Si los inquilinos dejan de pagar los servicios por un período superior a 3 meses, el propietario puede solicitar la resolución del contrato de alquiler, el desalojo y el reembolso de los gastos de mantenimiento de la propiedad.
Por lo general, estos procesos judiciales duran unos 3 meses, a lo que se suma el tiempo que tarda el alguacil en ejecutar la orden de desalojo. Sin embargo, existe la posibilidad de que el inquilino no tenga bienes ni ingresos suficientes de los cuales se pueda embargar la deuda saldada.
En algunos casos, los litigios pueden extenderse hasta varios años, especialmente si el proceso es complejo o las partes son poco colaborativas. Si el propietario gana el caso, el tribunal puede ordenar el pago de las deudas pendientes, así como las costas del juicio.
No obstante, si los ocupantes carecen de propiedades o ingresos, recuperar el dinero puede resultar extremadamente difícil para el propietario.
