Un nuevo requisito transforma el proceso de naturalización en Rusia
Rusia ha introducido una exigencia inédita para la mayoría de los extranjeros que solicitan la ciudadanía rusa: presentar un certificado de antecedentes penales como parte del proceso de naturalización. Sin embargo, la medida no afecta a todos por igual.
Los ucranianos acogidos al programa simplificado de ciudadanía en territorios ocupados quedan expresamente excluidos de esta nueva obligación.
En qué consiste el nuevo decreto
El presidente ruso Vladímir Putin ha firmado un decreto que obliga a los ciudadanos extranjeros y apátridas que soliciten la nacionalidad rusa a acreditar su historial delictivo mediante documentación oficial. La medida afecta a quienes siguen el procedimiento ordinario de naturalización.
Los solicitantes deben presentar un certificado que confirme la ausencia de condenas penales o, en su caso, que detalle las sentencias previas que hubieran recaído sobre ellos.
Dicho documento debe ser emitido por la autoridad competente del país de origen del solicitante o, en el caso de los apátridas, por el país que haya expedido sus documentos de identidad.
Según el decreto, el certificado no puede tener una antigüedad superior a tres meses en el momento de su presentación.
Un endurecimiento más amplio de la política migratoria
Esta medida se enmarca en una serie de cambios legislativos que apuntan a un endurecimiento sistemático de la política migratoria y de ciudadanía rusa. No se trata de una acción aislada, sino de una tendencia sostenida en los últimos años.
El decreto se suma a una legislación aprobada en primera lectura por la Duma Estatal que impediría a los extranjeros con condenas penales vigentes o no canceladas obtener la ciudadanía rusa o un permiso de residencia legal.
Las restricciones propuestas se aplicarían con independencia de la gravedad del delito cometido. Las autoridades rusas han intensificado progresivamente los controles migratorios durante los últimos años.
La excepción para los ucranianos en zonas ocupadas
A pesar del endurecimiento general, los ucranianos que reúnen los requisitos para acogerse al procedimiento simplificado de ciudadanía rusa quedan fuera del alcance de esta nueva norma sobre antecedentes penales.
Esta vía acelerada está disponible para los residentes en territorios ucranianos actualmente bajo control de las fuerzas rusas. Desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, Moscú ha ampliado considerablemente estos mecanismos de naturalización exprés en las regiones que dice haber anexionado.
Ucrania y sus aliados occidentales han criticado reiteradamente esta política, argumentando que la distribución de pasaportes rusos en territorios ocupados vulnera el derecho internacional.
Una campaña masiva de pasaportes
Los servicios de inteligencia británicos estiman que Rusia ha expedido aproximadamente 3,5 millones de pasaportes a residentes en territorios ucranianos ocupados. La cifra ilustra la magnitud de la operación.
Las autoridades ucranianas han denunciado que la población local ha sido presionada para aceptar la ciudadanía rusa, con amenazas relacionadas con derechos de propiedad y posibles deportaciones.
Esta política se ha convertido en un pilar central de los esfuerzos de Moscú para consolidar el control administrativo sobre las regiones ocupadas.
En mayo, Putin firmó además un decreto separado que facilita el acceso a la ciudadanía rusa para los residentes en Transnistria, la región separatista de Moldavia.
